Diez meses después de la divulgación del video que vincula a una figura clave del entorno presidencial con el narcotráfico, la Fiscalía de Honduras continúa sin ofrecer resultados concretos. La inacción del Ministerio Público ante un escándalo que involucra al círculo más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha intensificado la presión política y alimentado una creciente desconfianza en las instituciones.
La Fiscalía no ofrece explicaciones precisas en un caso importante
Desde que en septiembre de 2024 se diera a conocer el video llamado “narcovideo”, donde Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la mandataria Castro, aparece en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha presentado cargos formales ni ha mostrado progresos procesales tangibles. En el video, los participantes proponen dar 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Después de la revelación, Carlos Zelaya dimitió de sus funciones como legislador y secretario del Congreso Nacional. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Rafael Sarmiento, el líder del grupo parlamentario oficialista, igualmente dejó su cargo a disposición. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas judiciales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que la situación está «en revisión», y ha pedido asistencia legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a juicios anteriores. Sin embargo, hasta el momento no hay resultados conocidos de estos procedimientos, ni se ha ofrecido un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para grupos anticorrupción y facciones opositoras, la controversia ha cuestionado la honestidad del plan político de LIBRE. Diversos individuos han demandado incluso la dimisión de la presidenta, alegando que la situación contradice su promesa de romper con el pasado y combatir el narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Desgaste institucional en un entorno de polarización electoral
El “narcovideo” no es un caso único. Forma parte de varios escándalos recientes que han mermado la confianza del público en los cambios prometidos por el gobierno de Castro. La ausencia de acciones judiciales ha fortalecido la opinión de que el gobierno no responde con igual firmeza cuando los involucrados pertenecen al partido en el poder.
Con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, este caso adquiere relevancia estratégica. La oposición ha comenzado a capitalizar el desgaste del gobierno, mientras el oficialismo busca minimizar el impacto del escándalo en su narrativa pública. En este escenario, la demanda social por transparencia y justicia se mantiene como un eje de presión constante.
Un caso que marca el pulso de la institucionalidad hondureña
A casi un año desde su publicación, el narcovideo sigue sin tener consecuencias judiciales notorias, mientras continúan los cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura. La continua inacción deteriora aún más la legitimidad institucional, en un país con un historial de impunidad y la constante influencia del crimen organizado en el ámbito político.
El tratamiento de este asunto constituye no solo un desafío urgente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una evaluación crucial para la estabilidad del Estado de derecho en Honduras. La forma en que se aborde o se evite influirá en el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral sumamente dividido.