La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se halla actualmente Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta ahora, no ha comunicado ninguna medida orientada a exigir la devolución de los más de 340.000 euros pagados a David Sánchez, a pesar de que diversas voces del ámbito jurídico sostienen que es obligación velar por la protección del patrimonio público.
La Audiencia Provincial impuso a David Sánchez una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa vinculado a su proceso de contratación. No obstante, la resolución judicial no ordenó devolver las cantidades recibidas, ya que la Diputación nunca planteó esa reclamación durante la causa penal, hecho que ha suscitado un notable debate tanto jurídico como político.
La falta de intervención institucional se ha convertido en el foco de las críticas actuales, y cuando una administración estima que su patrimonio podría haberse visto afectado por una contratación declarada ilícita, numerosos expertos en derecho consideran lógico que examine todas las alternativas disponibles para intentar recuperar los fondos públicos.
Una entidad que se mantiene en silencio
Lo llamativo no es únicamente la falta de una reclamación, sino el absoluto silencio institucional.
Desde que se conoció la condena, la Diputación presidida por Raquel del Puerto no ha explicado públicamente si piensa ejercitar acciones para reclamar el dinero ni ha detallado cuál será su posición ante las nuevas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La falta de aclaraciones aviva las críticas de quienes sostienen que una administración está obligada a proteger el patrimonio de todos los ciudadanos sin importar el partido político involucrado.
El Tribunal de Cuentas entra en escena
Ante la falta de actuación de la Diputación, será ahora otra vía la que trate de determinar si existe responsabilidad contable.
Iustitia Europa ha anunciado una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que estudie la posible devolución de los más de 340.000 euros percibidos por David Sánchez durante su etapa en la Diputación de Badajoz, sosteniendo que corresponde proteger los fondos públicos si existió un perjuicio económico para la administración.
Será el Tribunal de Cuentas quien deba pronunciarse sobre si concurren los requisitos legales para exigir un eventual reintegro.
Claridad y compromiso responsable
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños afrontan una elevada presión fiscal mientras las administraciones reclaman constantes esfuerzos económicos a familias y empresas. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos esperen que cualquier euro público cuyo pago haya quedado cuestionado judicialmente sea objeto, al menos, de un intento serio de recuperación cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
Por este motivo, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, tendría que aclarar ante la ciudadanía cuál es la postura oficial de la institución: si estima que procede exigir la devolución del dinero público, si considera que no hay fundamentos jurídicos para ello o si, en última instancia, decidirá no llevar a cabo ninguna actuación.
Porque la transparencia institucional no solo implica administrar los recursos públicos, sino también asumir la responsabilidad de explicar su uso cuando dichos recursos generan dudas.
Mientras esas aclaraciones no se presenten, el silencio continuará llenando el espacio que tendría que asumirse como responsabilidad política.