A menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa generando discusiones. Su función constitucional es asegurar la seguridad, cuidado y traslado del material electoral, además de la protección de los centros de votación, enfrentándose a un incremento en los cuestionamientos, impulsados por fallos recientes y un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
Compromisos formales y declaraciones oficiales de instituciones
Los altos oficiales del Ejército han confirmado públicamente su compromiso con los principios constitucionales de imparcialidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la alta jerarquía militar, subrayó la promesa de las FF. AA. de asegurar un proceso electoral “justo, claro y protegido”, destacando el papel no político y sin deliberación de la institución militar.
La Secretaría de Defensa ha subrayado que las fuerzas armadas operarán siguiendo las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme a lo estipulado en la Constitución. Así, en el tiempo electoral, las FF. AA. deben desligarse funcionalmente del Poder Ejecutivo para enfocarse únicamente en proteger el proceso electoral.
Opiniones negativas debido a errores en logística y eventos pasados
Aunque las declaraciones oficiales lo aseguran, varios sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. En los comicios primarios realizados en marzo de 2025, se denunciaron demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las deficiencias logísticas se achacaron tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, provocando una avalancha de críticas por parte de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil.
Estos incidentes reactivaron el debate sobre la preparación operativa del Ejército en tareas electorales y reavivaron los cuestionamientos sobre su independencia. Algunos analistas advierten que, si no se corrigen las fallas evidenciadas en las primarias, el proceso del 30 de noviembre podría enfrentar problemas similares, comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este contexto, el rol de las FF. AA. se vuelve aún más delicado. Si bien su mandato constitucional les impide deliberar o intervenir en asuntos políticos, la percepción pública sobre su imparcialidad se ve afectada por la politización del debate electoral. La presión aumenta a medida que se aproxima la fecha de los comicios, en medio de un clima de polarización y cuestionamientos a la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.