Con vistas a las elecciones generales de 2025, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a críticas intensas provenientes de políticos, empresarios y grupos sociales que lo acusan de implementar medidas que ponen en riesgo la claridad y validez del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a entidades esenciales hasta intentos de dominación política del ente electoral.
Interrogantes sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Un asunto central de controversia ha sido la suspensión del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento considerado esencial para asegurar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, simpatizantes vinculados con LIBRE obstruyeron el acceso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
Cossette López, quien lidera el CNE, describió estas acciones como un ataque directo al desarrollo electoral, alertando sobre su efecto adverso en la confianza hacia la democracia y sus instituciones. La suspensión del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también incrementó la percepción de que se busca crear un entorno favorable para alterar los resultados.
Adicionalmente, se han reportado episodios de presión institucional por parte de grupos afines a LIBRE, incluyendo irrupciones en el Congreso Nacional y otras entidades públicas. Estos hechos, en conjunto, han sido interpretados por sectores opositores como parte de una estrategia orientada a debilitar el funcionamiento autónomo del CNE y facilitar su eventual control político.
Peligros de acumulación de poder en el organismo electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, tomen el control en caso de que las consejeras actuales sean inhabilitadas, ha generado preocupación entre los actores políticos, quienes opinan que tal reemplazo comprometería la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de debate, se ha señalado que un CNE sin equilibrio amenazaría la neutralidad del proceso electoral.
Varias personas han pedido la acción de entidades internacionales para supervisar las determinaciones institucionales vinculadas al proceso y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha reportado un supuesto empleo instrumental de otras entidades del Estado, tales como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para apoyar la alineación del CNE con los propósitos del oficialismo.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otra línea de crítica hacia LIBRE tiene relación con la publicación de encuestas vistas como falsas o alteradas, que muestran una gran ventaja para la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido refutadas por las mismas compañías encuestadoras, quienes han acusado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
La difusión de estas encuestas se ha entendido como un esfuerzo para influir en la opinión pública e introducir la noción de una victoria segura, lo que, según grupos opositores, intenta influenciar el resultado electoral y cuestionar la validez de una posible derrota. Estas acciones han ayudado a aumentar la desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, la situación presenta importantes retos para la fiabilidad del sistema electoral y la estabilidad nacional. En este contexto, el enfoque se centra en la habilidad de las figuras políticas e institucionales para recuperar un mínimo de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y claro.