Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno tras revelarse que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están bajo investigación por presuntamente permitir el ingreso de personas indocumentadas, sustancias ilícitas, alcohol y otros artículos prohibidos a cambio de sobornos, mientras la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) llevan adelante un amplio operativo destinado a desmantelar esta red corrupta que también involucra a 35 civiles externos.
El modelo de operación de los funcionarios penitenciarios involucrados incluye prácticas como simular los controles de ingreso mediante pantomimas y cobrar tarifas por dejar pasar a personas sin documentos, quienes se reunían con destacados miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Según la información recabada, cada ingreso costaba $60.000 chilenos, generando un grave impacto en la seguridad pública, ya que los encuentros permitían a las bandas continuar coordinando actividades delictivas como narcotráfico, secuestros y extorsión.
Una red de corrupción organizada dentro y fuera de los penales
La penetración del crimen organizado en Gendarmería incluye diversas operaciones, entre ellas el ingreso de drogas, celulares, alimentos de alta calidad, WiFi, y hasta servicios personalizados para reclusos. Los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, a veces utilizando cuentas de terceros para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según las autoridades, no existe una estructura jerárquica única, sino varias redes autónomas que operan dentro de Santiago 1. Estas agrupaciones también mantienen vínculos con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los recintos coordinan los sobornos necesarios para asegurar la entrada de bienes y personas.
Los cobros por estos servicios oscilaban desde $15.000 por permitir encuentros sexuales hasta $400.000 por autorizar el ingreso de un celular, y los testimonios reunidos durante las pesquisas indican además que los internos reconocen una zona del penal, conocida como «la feria», donde se llevan a cabo transacciones de artículos prohibidos con aparente normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo encabezado por la Fiscalía contempló la ejecución de órdenes de allanamiento en 77 viviendas situadas en siete regiones del país, e incluyó recintos penitenciarios como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. En total, se desplegaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, configurando uno de los esfuerzos policiales más amplios de los últimos tiempos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves sobresale la práctica llamada «rescate», donde funcionarios decomisaban artículos ilegales como celulares para después venderlos nuevamente dentro del penal a precios desorbitados. Otro mecanismo, identificado como «delivery», se basaba en permitir por encargo el ingreso de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este es considerado el caso más grave de penetración del crimen organizado en una institución pública en Chile. Gendarmería, cuya misión es garantizar la seguridad en los penales, enfrenta acusaciones que ponen en entredicho la capacidad del Estado para prevenir la expansión delictiva dentro de las cárceles. Grupos como el Tren de Aragua, que ya tienen vasta experiencia en controlar prisiones en otros países, buscan replicar este modelo en Chile, utilizando los penales para facilitar la coordinación de sus operaciones.
Medidas y respuestas necesarias
La investigación ha encendido las alarmas sobre condiciones estructurales que permiten que estas prácticas prosperen. Entre ellas, se destacan la alta rotación en las jefaturas penitenciarias, la falta de supervisión adecuada, y las influencias indebidas entre los funcionarios. Estas fragilidades invitan a la constante intervención del crimen organizado, que ofrece incentivos económicos y ejerce presión mediante amenazas directas a los funcionarios, como ocurrió en el caso de un comandante cuya residencia fue atacada por sicarios.
El progreso alcanzado en esta investigación abre una oportunidad crucial para impulsar reformas estructurales destinadas a enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería, y si no se adoptan acciones contundentes que incorporen mayor transparencia y supervisión independiente, el control de los penales podría terminar completamente subordinado a las mafias criminales.
Fuente: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]