El Poder Judicial de Perú resolvió extender por 12 meses adicionales la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, al sostener que persiste un elevado riesgo de fuga y que la causa abierta presenta una notable complejidad. Con esta disposición, su encarcelamiento se prolonga hasta el 9 de marzo de 2027, dentro del proceso que investiga una presunta organización criminal, así como posibles actos de tráfico de influencias y colusión que se habrían desarrollado durante su administración.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela destacó la ausencia de arraigos familiares, laborales y domiciliarios sólidos por parte de Castillo. La fiscalía señaló que su familia más cercana, incluida su esposa y sus hijos, residen actualmente en México bajo asilo diplomático. Además, el respaldo político expresado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y otros países, acrecienta el riesgo de que Castillo busque evadir la justicia.
El tribunal fundamentó igualmente la ampliación de la prisión preventiva por la complejidad del caso, un proceso amplio que abarca a más de 90 personas investigadas y múltiples líneas de indagación aún en curso. Entre las diligencias pendientes figuran peritajes contables y técnicos vinculados con presuntas irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y adquisiciones efectuadas mediante PetroPerú. Estas pesquisas se orientan a esclarecer una posible malversación de fondos y el consecuente daño económico causado al Estado.
A estos argumentos se suma la condena ya vigente contra Castillo por conspiración para la rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente, cumple una pena de 11 años en el penal de Barbadillo, condenado por dicho intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque este fallo ha sido apelado por su defensa, también ha sido citado como un factor que refuerza los peligros de una posible evasión.
Adicionalmente, el Poder Judicial ha extendido por 20 meses el plazo para las investigaciones preparatorias vinculadas al caso de corrupción, con el objetivo de agotar todas las líneas de pruebas, incluidas las que involucran a exministros y colaboradores cercanos a Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario calificó la decisión de la fiscalía como desproporcionada y carente de una finalidad procesal. Argumentaron que no hay pruebas suficientes para afirmar que Castillo podría sustraerse de la justicia y cuestionaron que se utilicen gestos de líderes extranjeros como evidencia de una conducta evasiva. También señalaron que otras fiscalías están a cargo de las causas relacionadas y que no se justifica la acumulación de argumentos contra él en este expediente.
Finalmente, el magistrado recalcó que aún persiste un entorno internacional propicio para una posible evasión. México, mediante asilo diplomático, ha acogido y ofrecido protección tanto a familiares directos de Castillo como a exfuncionarios de confianza de su gestión. Estas condiciones fortalecen la apreciación de un riesgo real de fuga señalada por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: Qué fundamentos presenta el PJ para extender por doce meses la prisión preventiva en un caso de presunta corrupción