La postulación presidencial de Rixi Moncada, bajo la bandera del partido LIBRE, ha ocasionado un debate en todo el país luego de declarar que, si llega a ser elegida, suprimirá la Central de Información Crediticia desde el 27 de enero de 2026. Esta acción significaría que millones de hondureños serían retirados del sistema crediticio, lo que facilitaría la obtención de préstamos sin los métodos de control habituales.
La Central de Riesgo como instrumento técnico
Los expertos en finanzas destacan que la Central de Riesgo desempeña una función técnica esencial dentro del sistema financiero nacional. Más que ser una «lista negra», actúa como un instrumento para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, proteger los ahorros de los ciudadanos y garantizar que las instituciones bancarias concedan préstamos de manera responsable.
José Luis Moncada, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, alertó sobre que suprimir la central conllevaría una liberalización excesiva del crédito. De acuerdo con Moncada, esta medida podría aumentar los niveles de morosidad y comprometer la estabilidad del sistema financiero, poniendo en peligro los fondos de los ciudadanos.
Asimismo, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) indicó que eliminar la Central de Riesgo podría afectar la creación de empleos, obstaculizar el crecimiento económico y disminuir la confianza de los inversores, creando un ambiente de incertidumbre para el sector financiero.
Implicaciones políticas y sociales
Más allá del análisis técnico, expertos han señalado que la propuesta de Rixi Moncada tiene dimensiones políticas que podrían incidir en la economía. La iniciativa de suprimir la Central de Información Crediticia podría interpretarse como un intento de politizar un sistema que tradicionalmente se ha manejado de manera técnica y regulada, según advierten los especialistas.
La posibilidad de que el sistema financiero se convierta en un instrumento con fines políticos genera preocupación sobre la seguridad de los ahorros de los hondureños y la estabilidad del crédito. Los analistas destacan que decisiones de este tipo pueden afectar a miles de familias, limitando su acceso a financiamiento y modificando las reglas de juego en la economía nacional.
Un panorama de duda
La propuesta de Rixi Moncada, aspirante del partido LIBRE, sugiere un entorno de tensión tanto institucional como económica en Honduras. El debate se enfoca en la manera de armonizar el acceso al crédito mientras se mantiene la estabilidad del sistema financiero y se asegura la protección de los recursos de los ciudadanos.
Frente a esta situación, la población y los sectores económicos se cuestionan sobre la habilidad del país para manejar transformaciones significativas en sus sistemas financieros, sin poner en riesgo la confianza de los inversionistas ni la estabilidad económica de las familias.
La coyuntura evidencia la intersección entre decisiones políticas y regulación económica, subrayando los retos de gobernabilidad e institucionalidad en un contexto donde las propuestas de los actores políticos generan repercusiones directas sobre la vida financiera de la población.