El complejo Ocean Reef Islands se presenta como un desafío de construcción e ingeniería. Construido sobre dos islas artificiales de 190.000 metros, este refugio para cabras afortunadas en el corazón de Panamá ofrece vistas al Pacífico, un helicóptero, un puerto deportivo privado y espacio para veleros.
El abogado hispano-español Mauricio Cort nació en 2013 con dos áticos en el exclusivo enclave. Pagó más de cuatro millones de dólares [unos 3,7 millones de euros] Para estas propiedades es de 508 metros. Así lo confirman décadas de contratos y registros de transferencias a quienes han mantenido activo a EL PAÍS.
A sus 54 años, Cort ha fundado un emporio en el país centroamericano sustentado en centros comerciales, espacios habitables y millonarios proyectos urbanos. Las inversiones en los ladrones son robadas mientras la carta escrita se presume sobornos de hasta el 10% a constructoras para canje de adjudicaciones. Los españoles tomaron de la mano a los gobiernos de Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador). En su expediente de clientes, o lo que es lo mismo, de empresas que tocaron su puerta para conseguir el encargo de la obra pública del poder corrupto, apareció FCC. El fabricante español declinó dar una versión a este diario, en el que también pudo incluirse el testimonio de Cort.
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y MBA por la Universidad de Valencia, Cort ha hecho del sello su principal virtud. Y mis pruebas son que supuestamente el dinero de hombres y constructores fue trasladado a un alambique teñido de cuentas y empresas expuestas (sin activos) en Panamá, Suiza y Andorra. Su modelo financiero operó entre 2010 y 2014.
Para desgranar la primera vista del inversor, es necesario dirigir la vista hacia el este de Panamá. El centro comercial Westland Los Pueblos cuenta con 230 tiendas. A treinteña son restaurantes. A través de la opaca empresa panameña Fundación FCJJ, Cort se lanzó en 2013 con un lote de 3.762 metros en este conjunto de vías aéreas libres y francesas. Desembolsó tres millones de dólares, según la promesa de contrato de compraventa con la firma Desarrollo Oeste, SA.
También consternó al abogado en 2013 en una empresa para desarrollar un proyecto inmobiliario. La piedra angular de la tienda era una parcela de 4.000 metros valorada en 12 millones. Corte participó con seis millones al 50% en esta iniciativa, según el contrato.
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La Star Bay Tower es una colección de cristales de taller de más de 60 alturas. Cuenta con hoteles de cinco estrellas y casinos. La carta compró en 2013 dos inmuebles de este inmueble en la panameña Avenida de Balboa por 1,2 millones.
Próximo destino: Isla Pedro González. Arraigado en el archipiélago de Las Perlas, en el Golfo de Panamá, este enclave también estimuló el apetito del abogado. En 2012, ganó 500.000 dólares a través de su fundación panameña FCJJ para participar en un proyecto que levantaría “76 unidades de vivienda”, según el expediente.
Los contratos también revelan que el agricultor firmó un acuerdo en 2010 para comprar un apartamento de 220.000 dólares en el distrito panameño de Bella Vista. Pasó por el corazón de su club instrumental Camino del Rey. Una pantalla integrada en la maraña financiera de este abogado que también controla la Fundación Glock panameña, donde desde 2011 sus dos hijos figuran como beneficiarios en caso de quiebra, según sus documentos.
El análisis de sus movimientos en Andorra -donde Cort manejó cuatro cuentas entre 2010 y 2013, que captaron más de seis mil- aflora lagunas destacadas. A Jayland Consultants se realizó una transferencia de un millón que el abad ordenó a la entidad financiera andorrana para la compra de un terreno de apartamentos en Panamá. Es una empresa arraigada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Entre sus cinco partidarios se encuentra Federico Suárez Cedeño, quien fue ministro de Obras Públicas de Panamá durante el mandato presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014). Sí, este es precisamente el último político ―un exmandatario condenado a más de 10 años por lavado de activos― con el hecho de que Cort supuestamente tenía un director general en materia de maletines y constructoras, segundo reconocimiento en 2019 antes de impuestos de lo que fue director en América Latina de la FCC, Eugenio del Barrio.
El ejecutivo del fabricante también admitió que la empresa destinó $40 millones en comisiones para obtener litigios en Panamá entre 2010 y 2014. FCC otorgó adjudicaciones por $434 millones tras contratar a la Corte, según reveló este diario.
El tinglado financiero de los ‘abrepuertas’
Uno de los cuatro hechos del sucesor En Andorra, un depósito registrado a nombre de la instrumental uruguaya Arados del Plata, SA, costó a Suiza 3,5 millones de dólares en 2012. Cort justificó el dinero en la firma de un acuerdo de comisión con FCC. Concretamente, le dije al mostrador que así financiaba cada pieza que la constructora española captaba en Panamá.
Junto a FCC, el lector también prestó sus servicios abrepuertas del poder en Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción en el centro del mayor solar de América Latina. Se supone que en caso de corrupción se han perdido 677 millones.
Entre 2001 y 2016, la firma reguló los maletines, prebendas y viajes en Latinoamérica a 145 políticos y altos funcionarios para cambiar las adjudicaciones de obra pública, principal fuente de ingredientes de esta masa de construcción, que contaba con 168.000 empleados en 28 pueblos.
A cambio de los jugos, el gigante brasileño premió al sucesor. Las cuentas en el Principado Pirenaico del Abogado recibieron 7,5 millones de dólares de las empresas que Odebrecht utilizó para comprar volúmenes: Aeon (Panamá) y Klienfield (Antigua y Barbuda).
Tanto despilfarro millonario, traslados a paraísos fiscales y compras de inmuebles han disipado las sospechas del BPA (Banco Privado de Andorra), entidad que «previsiblemente será investigada en Andorra por el origen blanco de sus clientes», alertó sospechan de las transacciones del elegante sucesor. El departamento de cumplimiento de la entidad financiera, una especie de política interna dedicada a evitar que se encuentren objetos innombrables en la mesa de dinero, acordó en mayo de 2013 no aceptar la “operación” financiera de Cort. El abad decidió transferir su saldo, de seis millones de euros, al banco UBS, «donde no hubo problemas», tras reconocer a un empleado de BPA en un correo electrónico. “Solo por esa consistencia, este cliente enfrenta una pérdida de seis millones de dólares”, advirtió el trabajador en el mensaje.
Acusado junto a dos de sus sociedades instrumentales desde el pasado mes de marzo en blanco en un pueblo de Andorra, un país de 77.000 habitantes ciego hasta 2017 por secreto bancario, entre 2010 y 2013 Cort gestionó su maratón financiero en el país pirenaico sin acreditar sus fondos. y transacciones. “Si se detectan importantes defectos de forma en la documentación de contratos y hechos”, señala un informe de la institución financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo público del pequeño estado que investiga la financiación de capitales.
investigacion@elpais.es
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