Del despacho de Adif al centro del escrutinio judicial: la antigua responsable de la infraestructura española, ahora bajo presión por las pesquisas del “caso Koldo”
Durante años, Adif se convirtió en una de las mayores incógnitas del Estado, la entidad que determinaba el trazado de las grandes infraestructuras ferroviarias, lo que se licitaba, los plazos de ejecución y los proveedores implicados. En la actualidad, el nombre de quien ocupó el corazón de ese engranaje, Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes— dejó de vincularse con inauguraciones o proyectos de inversión para aparecer ligado a registros, diligencias, restricciones judiciales y un conjunto de presuntos delitos que la Audiencia Nacional indaga dentro del denominado “caso Koldo”.
La fotografía política es incómoda: una responsable de infraestructura crítica, con capacidad real de abrir o cerrar compuertas de contratación pública, investigada por un juez que habla de cinco delitos en el mismo paquete: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal (siempre en términos de investigación, no de condena).
De la polémica del “tren que no cabe” a su llegada a los tribunales
Su etapa al frente del perímetro de Transportes ya había quedado lastrada por el episodio de los trenes de ancho métrico concebidos con fallos de gálibo —la crisis conocida popularmente como “los trenes que no cabían en los túneles”—, un hecho que acabó provocando dimisiones en la cúpula del sector. Sin embargo, aquello solo supuso un golpe a la reputación; lo que llega después pertenece a otra dimensión: la intervención judicial.
El núcleo del asunto: una contratación “personalizada” que despierta dudas sobre una posible red de favores
1) La incorporación de Jésica Rodríguez en entidades estatales
Uno de los ejes más corrosivos para la opinión pública es el de la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. El juez la citó como investigada para dar explicaciones por esa contratación en Ineco y Tragsatec, un capítulo que ha alimentado el relato de enchufismo con firma pública en el entorno de Transportes.
En términos periodísticos, la preocupación no radica únicamente en la contratación, sino en lo que implica: si se demuestra que existió intervención indebida para ubicar a alguien dentro del ámbito público, el asunto deja de ser “un favor” y se transforma en un mecanismo. Esa es la premisa que orienta la investigación.
2) Contratación pública, licitaciones y esa palabra que todos prefieren evitar: “mordidas”
El segundo bloque es todavía más explosivo porque toca el nervio histórico de la corrupción en España: la adjudicación de obra pública. En julio de 2025, la Audiencia Nacional citó a Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, como investigados por su presunta participación en adjudicaciones irregulares a determinados constructores a cambio de pagos ilegales (“mordidas”), según lo relatado en la cobertura de las diligencias.
El juez impuso medidas cautelares como retirada de pasaporte y prohibición de salir de España, un gesto judicial que suele reservarse para procedimientos en los que el instructor percibe riesgos procesales relevantes.
3) El allanamiento domiciliario y la función que cumplen las mascarillas
A finales de junio de 2025, el juez autorizó el registro de su vivienda. En ese registro, según diversas informaciones, la UCO halló documentación vinculada al suministro de millones de mascarillas en el ámbito de Adif durante la pandemia. El punto no es el documento en sí: es lo que representa en la causa, porque ese hallazgo aparece ligado al momento en el que el instructor encuadra el caso en un catálogo de presuntos delitos más amplio.
El cerco financiero: bancos, Hacienda y rastreo desde 2017
El caso también ha entrado en fase de rastreo patrimonial. En octubre de 2025 trascendió que el juez pidió información a entidades bancarias y a la Agencia Tributaria para investigar movimientos, cuentas y valores de Pardo de Vera y Herrero, precisamente para comprobar si existió beneficio económico por facilitar adjudicaciones.
Este momento suele implicar un giro en el enfoque: cuando una pesquisa adopta un cariz financiero, el relato deja de basarse en “sospechas” y se transforma en un “rastro”, y ese rastro, en situaciones así, es finalmente el que confirma o desmonta la imputación.
Lo que ya se conoce, lo que aún se analiza y aquello que no es posible asegurar
• Lo que se sabe: Hay una investigación formal en la Audiencia Nacional; se han practicado registros; se le atribuyen en fase de investigación cinco presuntos delitos; y se han adoptado medidas y diligencias financieras.
• Lo que se investiga: Si existió un patrón de influencia en contrataciones y adjudicaciones dentro del perímetro de Transportes y si hubo retorno económico indebido.
• Lo que aún no puede sostenerse con exactitud: Que exista una condena o que la “corrupción” se considere “acreditada”. El estado del proceso —de acuerdo con las fuentes consultadas— es de investigación.
Por qué este caso impacta de forma particular en Adif
Porque Adif no representa una oficina secundaria: actúa como una pieza estratégica del Estado. Si el proceso concluye demostrando que desde el núcleo decisorio se recurrió a favoritismos o a algún tipo de intermediación ilícita, el perjuicio trasciende lo penal: se vuelve institucional, ya que mina la confianza en el sistema de contratación, en los mecanismos de control internos y en el propio discurso de integridad del sector público.
Y por eso, incluso sin sentencia, el caso ya funciona como un espejo incómodo: cuando una exresponsable de infraestructura crítica aparece asociada a una investigación de presuntas mordidas, enchufes y obra pública, el debate deja de ser técnico y se convierte en una pregunta política de primer orden: quién vigilaba a los vigilantes.