A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Retroceso en la intención de voto y pérdida de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Analistas atribuyen este descenso a una combinación de factores: denuncias de corrupción en la administración pública, fracturas internas dentro del oficialismo, bajo rendimiento económico y una creciente percepción ciudadana de opacidad en la gestión gubernamental. La erosión del respaldo popular ha coincidido con un endurecimiento del discurso político desde el Ejecutivo y con señales de tensión institucional que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Un tema central de polémica es la decisión del oficialismo de rechazar la revisión manual de los votos, algo común en procesos previos que actúa como un mecanismo de verificación adicional ante la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes alertan que suprimir esta revisión podría permitir irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se han registrado medidas destinadas a complicar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han señalado presiones e intentos de obstrucción a sus labores.
Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.
Acusaciones de alineamientos ideológicos y clima de confrontación
La organización en Tegucigalpa de un encuentro del Foro de São Paulo, en el cual participaron delegaciones de gobiernos progresistas del área, avivó nuevamente la discusión sobre las relaciones internacionales del partido LIBRE. Críticos destacaron que estas conexiones con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar dirigidas a emular modelos de gobierno que favorecen la concentración del poder y limitan los espacios de participación democrática.
En paralelo, opositores como el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han advertido sobre la posible ejecución de un “Plan Venezuela”, orientado a generar inestabilidad institucional, protestas inducidas y bloqueos administrativos que dificulten una transición de gobierno.
De acuerdo con estos informes, grupos simpatizantes del gobierno posiblemente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría ayudar a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la división política en el país.
Panorama impredecible frente a una votación crucial
Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.
Varias entidades de la sociedad civil, grupos empresariales y dirigentes políticos han subrayado la importancia de contar con una sólida supervisión internacional y con mecanismos de garantía que aseguren la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La situación presente revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en el país, sino también la problemática para guiar la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones estatales.