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Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a pagar más de 6,1 millones de dólares a la firma del estratega político venezolano Juan José Rendón por un conflicto contractual. En abril de 2019, una jueza también ordenó su detención por desacato civil, después de que no compareciera ante el tribunal.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que fortaleciera su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
La relación terminó en una disputa por el cumplimiento de los compromisos económicos acordados y posteriormente llegó a los tribunales de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La compañía exigía el abono de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial establecido entre ambas entidades.
De acuerdo con registros difundidos por medios de comunicación en Guatemala, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta saldar cerca de 5,2 millones de dólares en el transcurso del año siguiente.
Conforme surgieron desacuerdos en torno a los pagos y las prestaciones pactadas, el vínculo entre el político y el consultor se fue desgastando progresivamente.
El 11 de octubre de 2018, el órgano judicial emitió un fallo que fijó una condena dineraria de US$5,5 millones, además de US$660.594,22 por concepto de réditos devengados, alcanzando una cifra global de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
El litigio se convirtió así en uno de los conflictos económicos y judiciales más relevantes conocidos públicamente durante la primera campaña presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Según los documentos judiciales, Arzú no compareció a la audiencia del 17 de abril, pese a una orden emitida previamente el 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
El fallo decretaba que, si se producía su arresto, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas posteriores con el propósito de dar continuidad al trámite pertinente.
También se contemplaba la posibilidad de que Arzú enmendara el desacato a través de su presentación a una comparecencia enfocada en viabilizar el cumplimiento de la sentencia.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El texto judicial se dio a conocer públicamente en abril de 2019, época en la que Arzú realizaba su campaña proselitista rumbo a la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y argumentó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó la existencia de un pacto contractual y señaló que Arzú había incumplido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más adelante salieron a la luz a través de distintos medios de comunicación.
Una investigación publicada por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 reveló mensajes intercambiados entre Roberto Arzú y JJ Rendón durante 2016 y 2017, en los que se discutían compromisos de pago relacionados con el acuerdo de asesoría política.
En dichos diálogos, dados a conocer dentro de los archivos del pleito, las dos partes conservaban al principio un trato afable.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Las comunicaciones también reflejaban que Arzú buscaba mantener la relación con el consultor mientras intentaba resolver los desacuerdos económicos.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos ingredientes a la polémica, sobre todo a raíz de las declaraciones públicas del aspirante, quien había negado rotundamente la existencia de un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
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Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
El caso entre Roberto Arzú y JJ Rendón tuvo repercusión política porque se conoció públicamente durante la campaña presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), socio dentro de la alianza electoral junto a Podemos, reiteró su apoyo al aspirante a la vez que subrayó que la disputa competía al ámbito civil.
La disputa expuso diferencias profundas entre las versiones del político guatemalteco y el estratega venezolano sobre la naturaleza del acuerdo, las obligaciones económicas y los servicios comprometidos.
La existencia de una sentencia civil y de una posterior orden de detención por desacato quedaron documentadas en los registros judiciales de Florida. Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer, por sí solos, cuál fue el estado posterior del cobro o de las obligaciones económicas.
El episodio constituye uno de los principales antecedentes judiciales internacionales de Roberto Arzú y forma parte de las controversias que acompañaron su incursión en la política presidencial guatemalteca.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el procedimiento en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas por Roberto Arzú y JJ Rendón