Un auto de la Audiencia Nacional expone que una supuesta red ligada al PSOE habría tratado de ofrecer un soborno de 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda. De acuerdo con el juez Santiago Pedraz, dicha propuesta pretendía conseguir datos que perjudicaran al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, además de lograr el archivo de causas judiciales de importancia.
El documento judicial también expone que el plan estuvo encabezado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, quien supuestamente coordinó una red destinada a interferir en procesos judiciales desfavorables para el partido y el Gobierno. En el desarrollo de la trama, se afirma que Leire Díez, apodada «la fontanera» del PSOE, habría desempeñado un rol fundamental en estas actuaciones ilícitas.
Según la investigación, el supuesto soborno al fiscal Grinda habría sido articulado mediante un empresario ajeno al PSOE, Pere Rusiñol, quien se reunió con el fiscal en febrero de 2025 para trasladarle la propuesta. A cambio del pago, también se le ofreció la posibilidad de acceder a un empleo en el extranjero.
Nuevas revelaciones: intentos de compra y manipulación de testigos
La información también señala que la empresaria Carmen Pano habría recibido una propuesta de 50.000 euros para modificar su declaración judicial. Pano afirmó que, por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, entregó 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz en octubre de 2020. Aunque se buscó influir en su testimonio antes de una nueva comparecencia, Pano sostuvo nuevamente su relato ante el tribunal.
El abogado Ismael Oliver, también investigado en la trama, habría sido el encargado de negociar esta compra con la autorización de Leire Díez. «Debemos saber comprar», habría indicado Díez en una conversación recogida en la investigación del juez.
Atenciones ofrecidas a funcionarios y guardias civiles
El juez también señala que se habrían ofrecido favores y beneficios económicos a funcionarios y agentes de la Guardia Civil con el propósito de obtener información que entorpeciera las investigaciones relacionadas con casos de corrupción, incluyendo entre estas promesas el pago de servicios jurídicos y posibles mejoras profesionales.
El registro efectuado en la sede socialista de Ferraz, ordenado por Pedraz, junto con otras diligencias judiciales, fortalece los indicios de que esta red pretendía salvaguardar los intereses políticos del PSOE y del Gobierno mediante acciones ilícitas dirigidas contra fiscales, jueces y cuerpos de seguridad del Estado.
Fuente: Procedente de El Economista – https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13941030/05/26/el-juez-sospecha-que-la-trama-ofrecio-300000-euros-al-fiscal-grinda-para-obtener-informacion-que-afectara-a-luzon.html