Diversas organizaciones ciudadanas interpusieron este lunes una denuncia formal contra el Gobierno de Honduras ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, en la que señalan un presunto uso indebido de recursos públicos para beneficiar al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La acusación se produce en un contexto de creciente tensión institucional y a pocos meses de un nuevo proceso electoral.
Denuncias registradas y enviadas al Ejecutivo
Las entidades que revelan irregularidades, reunidas en plataformas como el Observatorio Ciudadano por la Transparencia, afirman poseer evidencia que conecta de manera directa a empleados gubernamentales y organismos del Estado con actividades proselitistas. Indicaron que entre las pruebas aportadas se incluyen imágenes, videos y papeles que señalarían el uso de automóviles oficiales, empleados públicos y proyectos sociales para favorecer al partido gobernante.
Entre las instituciones mencionadas en la denuncia figura la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la cual, de acuerdo con las organizaciones, estaría canalizando fondos hacia actividades de carácter electoral. También se han reportado brigadas gubernamentales que entregan ayuda social con simbología partidaria, lo que ha generado preocupación por la neutralidad del aparato estatal en el periodo preelectoral.
Demandas de investigación y advertencia de acudir a organismos internacionales
Durante la presentación de la denuncia, voceros de la sociedad civil instaron al Ministerio Público a iniciar una investigación inmediata, subrayando la gravedad institucional del caso. «Fondos destinados a programas sociales y obras públicas están siendo utilizados para alimentar la maquinaria electoral de LIBRE», declaró Miriam Díaz, portavoz del Observatorio. En la misma línea, el abogado César Medina, asesor legal de los denunciantes, calificó el hecho como “corrupción electoral con dinero de los hondureños”.
Ante la posibilidad de inacción por parte de las instituciones competentes, las organizaciones advirtieron que recurrirán a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para solicitar acompañamiento y veeduría. El argumento central de esta medida es la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral previsto para noviembre, que podría verse afectado si no se garantiza la separación entre recursos estatales y propaganda partidaria.
Contexto de desconfianza institucional y proceso electoral en puerta
La denuncia se produce en un escenario político marcado por cuestionamientos a la gestión pública, tensiones entre los poderes del Estado y señalamientos recurrentes sobre el uso discrecional de fondos públicos. En este clima, el llamado de las organizaciones de sociedad civil apunta a reforzar los mecanismos de control institucional y evitar que el aparato estatal sea utilizado para favorecer intereses políticos particulares.
La proximidad de las elecciones añade un componente crítico a estas acusaciones, en tanto que la confianza en el proceso electoral depende en gran medida de la percepción de imparcialidad y legalidad en la utilización de los recursos públicos. El señalamiento directo al Ejecutivo y a instituciones clave como SEDESOL plantea desafíos para los órganos contralores del Estado, cuya capacidad de actuación autónoma será puesta a prueba ante el escrutinio público.
Escenario institucional en conflicto
El caso evidencia las dificultades persistentes en la construcción de un sistema político que garantice la transparencia en el manejo de los recursos estatales, especialmente en periodos electorales. La denuncia de la sociedad civil no solo interpela al Gobierno, sino también al conjunto de instituciones encargadas de velar por la legalidad y la equidad democrática.
A medida que se acerca el proceso electoral, la presión sobre los entes de control aumentará, en un contexto donde la demanda por elecciones limpias y libres de injerencias partidarias se ha convertido en un reclamo recurrente de distintos sectores sociales. El seguimiento a esta denuncia será clave para evaluar la capacidad institucional de respuesta ante prácticas que comprometen la legitimidad democrática.