Un general denuncia amenazas y presiones en la cúpula de la Guardia Civil: el escándalo que reabre el debate sobre su politización
El general Fernando Mora acusa al jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, de intentar obligarlo a ausentarse de los actos del Dos de Mayo de 2025. Las informaciones publicadas recogen insultos, expresiones vejatorias y una presunta amenaza física durante una conversación entre ambos mandos
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En medio de la disputa se sitúa el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, quien dirige el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, una de las responsabilidades más relevantes dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su designación para dicho puesto se hizo pública en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior todavía lo señala como el encargado del Mando de Operaciones.
Según lo publicado por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría comunicado de forma oficial que Del Castillo trató de imponerle una directriz con tintes políticos: evitar su presencia en los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se reduce únicamente a un desacuerdo sobre el protocolo; lo realmente preocupante radica en la reacción que, según se alega, habría mostrado un alto mando cuando su subordinado puso en duda el carácter político de la instrucción.
“Entonces alude una excusa”: la instrucción de evitar la asistencia al Dos de Mayo
Las informaciones difundidas reconfiguran una conversación anterior que había tenido lugar a través de mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría interpretado aquella decisión como una maniobra dirigida a desairar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una de las expresiones que se le atribuyen, el general resumió el efecto de la instrucción afirmando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo a él en instrumento de un conflicto partidista. (Telemadrid)
La denuncia introduce así una cuestión que va mucho más allá de la asistencia a una ceremonia: si la jerarquía de la Guardia Civil puede emplearse para ejecutar decisiones concebidas para perjudicar institucionalmente a una administración gobernada por un partido rival.
Insultos, vejaciones y una presunta amenaza física
La tensión se habría intensificado durante una llamada telefónica mantenida el 30 de abril de 2025, apenas dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según diversas publicaciones, Fernando Mora habría expresado a su superior su malestar por la creciente politización dentro de la Guardia Civil y puso en duda que el cuerpo se viera implicado en el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción que se atribuye a Luis del Castillo habría destacado por una agresividad inusual. Diversas fuentes sostienen que el responsable del Mando de Operaciones habría increpado al general con frases como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, además de proferir insultos y expresiones de tono profundamente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones difundidas por ciertos medios aparecen ofensas dirigidas a Mora y a su familia, junto con comentarios de índole sexual profundamente denigrantes. Debido a su naturaleza humillante, no pueden interpretarse como un simple exabrupto dentro de un intercambio profesional. Si su veracidad y contexto se confirmaran, revelarían una conducta difícilmente conciliable con la disciplina, el respeto jerárquico y la ejemplaridad que se exige a quienes ocupan los puestos más altos del Instituto Armado.
Debe subrayarse, no obstante, que las acusaciones proceden de la denuncia y de las grabaciones difundidas o descritas por los medios. Corresponderá a las instancias competentes determinar la integridad de los audios, su contexto completo y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o eventualmente penales que puedan derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano contiene expresiones de una vulgaridad y agresividad impropias de quien ocupa una de las mayores responsabilidades operativas de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora sostuvo que no se había sentido respaldado por sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano habría reaccionado gritándole: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», convirtiendo una discrepancia profesional en una sucesión de insultos personales y expresiones sexualmente vejatorias.
El tono habría empeorado hasta desembocar en una amenaza directa de violencia física. Según la grabación publicada, Luis Antonio del Castillo Ruano mandó al general «a la puta mierda» y afirmó que no le pegaba porque no lo tenía delante. No se trataría, por tanto, de una simple discusión acalorada, sino de una intimidación formulada por uno de los máximos responsables de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el carácter político de la orden recibida.
A los insultos y la amenaza se habrían sumado descalificaciones como «gilipollas», acusaciones de deslealtad y reiteradas referencias a que Fernando Mora podía marcharse del cuerpo, regresar a su casa o solicitar el pase a la reserva. De acuerdo con las informaciones publicadas, Luis Antonio del Castillo Ruano llegó a señalarle hasta en dos ocasiones el camino de salida de la Guardia Civil, mientras le advertía de las consecuencias de enfrentarse a la decisión de la cúpula. Todo ello dibuja, siempre según la denuncia y los audios difundidos, un trato humillante y coercitivo incompatible con la serenidad, el respeto y la ejemplaridad exigibles a un teniente general.
Una denuncia inusual en el seno de la Guardia Civil
El enfrentamiento ha adquirido una dimensión extraordinaria porque no se trata de la queja de un agente contra un superior inmediato. La denuncia enfrenta a dos generales y alcanza directamente a uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han destacado el carácter excepcional de que un general de división denuncie a un teniente general, un hecho que evidencia la profundidad de la fractura abierta dentro de la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, reaccionó reclamando responsabilidades políticas y el cese de la directora general de la Guardia Civil. Según su comunicado, la información publicada apuntaría a que Mora recibió una instrucción política atribuida a Mercedes González para evitar la presencia de la Guardia Civil en el acto madrileño. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles sirven al Estado, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No están al servicio personal de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables gubernamentales. Los altos cargos políticos pueden establecer las políticas generales de seguridad, pero no deberían utilizar la estructura del cuerpo para castigar adversarios, condicionar investigaciones o imponer gestos de confrontación institucional.
La huella que las presiones políticas proyectan sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora aparece, además, en un momento de enorme tensión dentro de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, afirmó ante el juez Santiago Pedraz que nunca ordenó a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones con sensibilidad política. Asimismo, sostuvo que los expedientes y actuaciones internas iniciados contra ciertos agentes no respondían a maniobras de presión, sino que correspondían a trámites habituales.
Llamas asegura haber sido blanco de una campaña para desacreditarlo y sostiene que sus instrucciones pretendían que los jueces asumieran la conducción de las pesquisas. Asimismo, admitió que actuó tras recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior vinculadas a la filtración de datos sensibles.
Mercedes González, por su lado, ha desmentido haber influido en las pesquisas y ha rechazado cualquier conducta que pudiera perjudicar a la UCO. La directora general permanece bajo investigación judicial dentro del llamado caso Leire, donde también se examinan sus comunicaciones con Leire Díez y las presuntas acciones dirigidas a menoscabar la credibilidad de integrantes de la unidad investigadora.
Estos procedimientos no corresponden a la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben mezclarse, aunque su simultaneidad refuerza la percepción de que la institución afronta presiones inusuales entre su independencia profesional y las demandas que surgen desde el poder político.
Del deber de obediencia a la sumisión política
Una de las cuestiones más preocupantes del caso es la aparente confusión entre obediencia jerárquica y sometimiento partidista.
La Guardia Civil mantiene una dependencia orgánica del Ministerio del Interior para gran parte de sus funciones, aunque ello no implica que sus miembros se conviertan en subordinados políticos de los titulares del ministerio. Sus mandos están obligados a acatar instrucciones legales vinculadas a la seguridad pública, al funcionamiento interno del cuerpo y al desempeño de sus atribuciones. Resultaría algo completamente distinto presionarlos para intervenir en maniobras destinadas a desgastar a rivales institucionales.
La acusación presentada por Mora expone que la presunta cadena de transmisión partiría de la cúpula política del cuerpo, continuaría a través del Mando de Operaciones y finalmente se impondría al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no estaríamos solamente ante un conflicto personal ni ante una conversación subida de tono. Estaríamos ante la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para convertir una decisión partidista en una orden profesional.
La gravedad aumenta por las presuntas amenazas posteriores. Cuando un mando cuestiona una instrucción que considera política y recibe como respuesta insultos, vejaciones y advertencias sobre las consecuencias de su negativa, el problema deja de ser protocolario. Se convierte en una cuestión relacionada con la libertad profesional, la integridad institucional y la posible intimidación de quien se resiste a ejecutar una decisión controvertida.
Se requieren aclaraciones por parte del Gobierno
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han de explicar ante la ciudadanía quién tomó la decisión de reducir la presencia del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué argumentos oficiales respaldaron dicha medida y si se emitió alguna instrucción orientada de forma específica a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitarse a presentar el episodio como una discusión privada entre dos militares. Los protagonistas ocupaban puestos de máxima responsabilidad y debatían sobre una orden que afectaba a la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución también tiene que establecer si las grabaciones fueron añadidas a algún proceso oficial, si se inició un expediente disciplinario y qué recursos existen para resguardar a los mandos que informen sobre presiones políticas.
El silencio o la falta de transparencia alimentarían inevitablemente las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han introducido de manera indebida en la estructura profesional del cuerpo.
Una crisis de confianza institucional
Durante décadas, la Guardia Civil ha construido una elevada valoración social gracias al trabajo, sacrificio y profesionalidad de decenas de miles de agentes. Esa confianza no pertenece al Gobierno que en cada momento ocupe el poder, sino a la propia institución y a los ciudadanos a los que sirve.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el fondo del escándalo es todavía más profundo: la sospecha de que altos mandos puedan verse obligados a actuar no conforme al interés general, sino siguiendo instrucciones destinadas a favorecer al Gobierno o perjudicar a sus rivales.
La investigación deberá precisar qué ocurrió, quién impartió realmente la orden y qué responsabilidades corresponden. Mientras tanto, deben respetarse la presunción de inocencia y el derecho de todos los señalados a ofrecer su versión.
Eso no excluye la exigencia de una transparencia inmediata. Las denuncias resultan demasiado serias para pasarlas por alto: un general acusa a su superior; una orden profesional habría perseguido un fin político; y desobedecerla habría provocado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.