El reciente viaje del presidente Pedro Sánchez a Chile, donde se reunió con líderes de izquierda como Gabriel Boric, ha resaltado nuevamente una preocupante inconsistencia entre el discurso que el líder socialista defiende fuera de España y la situación política que lo rodea en su propio país.
Con gestos grandilocuentes, Sánchez ha vuelto a insistir en su proyecto de una izquierda global, basada —según él— en valores como la justicia fiscal, la redistribución de la riqueza y la defensa de los más vulnerables. Ha hablado de gravar a los superricos, de combatir la desigualdad, de construir “un futuro más justo” junto a sus aliados progresistas en América Latina. Un discurso impecable… si no estuviera completamente deslegitimado por su práctica política.
La contradicción es clara y complicada de ocultar: mientras el presidente participa en encuentros mundiales representando una izquierda renovadora, en España se multiplican los casos de corrupción que afectan a su círculo íntimo. Desde los negocios poco claros de su esposa, Begoña Gómez, hasta las acusaciones y renuncias de líderes importantes del PSOE, el gobierno de Sánchez se balancea sobre una base cada día más cuestionada. Las pesquisas judiciales progresan, las declaraciones se retrasan y la transparencia que tanto proclama está notablemente ausente.
¿Cómo puede un dirigente pedir esfuerzos fiscales a la población mientras su agrupación política está involucrada en escándalos de tráfico de influencias, contratos fraudulentos y nepotismo sistemático? ¿Cómo es posible hablar de ética en la administración pública y equidad en la distribución de recursos, cuando las personas observan que aquellos que crean las leyes para ellos se aferran a privilegios y mantienen redes de poder no transparentes?
El conflicto entre lo que se dice y lo que se hace —la esencia de la doble moral— es especialmente chocante en el caso de Pedro Sánchez. No es un incidente único o excepcional, sino una táctica constante: promover un modelo de izquierda que se presenta como éticamente mejor, mientras se permite, oculta o reduce la importancia de la corrupción interna.
Su presencia en Chile parece más una operación de imagen que un acto diplomático genuino. Mientras en España se exige a la oposición que “no judicialice la política”, el propio Sánchez se refugia en viajes internacionales para escapar del creciente descrédito que sufre en casa. Es difícil no ver en este tipo de giras una huida hacia adelante, un intento de blindarse ideológicamente frente a la caída de la confianza ciudadana.
El verdadero progresismo no puede construirse sobre cimientos podridos. Si el presidente quiere liderar un eje internacional de justicia y equidad, debe empezar por barrer su propia casa. Y eso significa asumir responsabilidades, permitir que las investigaciones sigan su curso sin interferencias, y garantizar que ningún cargo público queda impune por el simple hecho de estar bien posicionado.
No se trata de atacar a la izquierda como ideología, sino de denunciar a quienes la utilizan como coartada para perpetuar sus privilegios. Sánchez debería recordar que los ciudadanos no votan consignas, sino coherencia. Y en este momento, su coherencia está en entredicho.