En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Una de las críticas más destacadas dirigidas a Moncada se concentra en el manejo de los recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. Conforme a reportes recientes, fondos del estado podrían haber sido redirigidos hacia entidades relacionadas con el partido en el poder, lo que ha provocado nuevas dudas acerca del uso de los programas sociales con objetivos electorales.
Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente demanda por mayor claridad en el manejo del gasto público durante un año electoral, en el que diversos sectores han pedido una regulación más rigurosa en la administración de recursos asignados a la ayuda social.
Denuncia internacional ante el FBI
El asunto adquirió una dimensión global a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, quien es de nacionalidad estadounidense, interpuso una demanda ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y a otros representantes del gobierno. La denuncia señala irregularidades en la administración y abuso de funciones públicas que podrían haber impactado en las inversiones del exterior en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Historial de investigaciones y cuestionamientos previos
Las disputas que actualmente envuelven a Moncada no son inéditas. En 2009 y 2013 fue investigada por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber estado asociada con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas situaciones la justicia en Honduras emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones realizadas por organismos de control.
Recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos contra Moncada y varios otros funcionarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles del caso, lo que ha creado incertidumbre respecto al progreso judicial y ha aumentado las dudas acerca de la transparencia del proceso.
Tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso del poder
La candidatura de Moncada, además de las acusaciones por corrupción, ha sido objeto de críticas acerca de su participación en funciones gubernamentales mientras aspira a la presidencia. Algunos grupos han puesto en duda su implicación en la creación de propuestas y revisiones que, según sus opositores, van más allá de las responsabilidades de su posición actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el equilibrio institucional.
Estas observaciones se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos públicos mientras lleva a cabo su campaña, provocando inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el uso posible de recursos oficiales a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han solicitado una vigilancia ciudadana más estricta y el refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la equidad en el proceso electoral.
Una situación caracterizada por la falta de confianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada destaca los retos que Honduras tiene en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para el futuro político del país, las acusaciones de corrupción y las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos se han posicionado como temas principales en el debate nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado cómo avanzan judicialmente las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles impactos que podrían afectar directamente la legitimidad de las elecciones de 2025 y cómo los ciudadanos perciben la independencia de las instituciones.