A cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a una situación delicada caracterizada por rupturas internas, señalamientos de corrupción y una caída significativa en las preferencias de los votantes. En un panorama electoral cada vez más impredecible, el deterioro constante del partido gobernante pone en riesgo su continuidad en el gobierno.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la postulante del oficialismo reveló conflictos latentes en LIBRE. La dimisión subsiguiente del legislador Jorge Cálix, alguien con experiencia en la organización, puso de relieve diferencias significativas sobre la dirección política y el liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron del grupo, criticó prácticas dictatorial y un ambiente de marginación.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró ante las acusaciones de supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde legisladores asociados al partido oficialista fueron acusados de malversar fondos destinados a programas sociales. El caso más representativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue declarada junto con la eliminación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia masiva del partido a la inmunidad parlamentaria.
Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Caída en los sondeos y reordenamiento del panorama electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una rápida caída de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recabados entre mayo y junio, el respaldo al partido oficialista ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, números significativamente inferiores al 42 % registrado en marzo. Esta tendencia decreciente, junto con la variabilidad entre encuestas, indica una base electoral dividida y en búsqueda de opciones.
Simultáneamente, aspirantes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han avanzado, obteniendo respaldo con cifras que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones públicas reflejan también el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro tiene una calificación promedio de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolución y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará condicionado por la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, responder a las demandas sociales y proporcionar explicaciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, la elección del 30 de noviembre podría representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.