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La política fiscal en América Latina ha cobrado un nuevo protagonismo como herramienta de confrontación entre gobiernos y el sector empresarial. Varios Estados, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han promovido reformas tributarias que buscan desmantelar regímenes fiscales preferenciales, en medio de un discurso que responsabiliza a las grandes empresas por las desigualdades estructurales de la región. Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, se inscribe dentro de esta tendencia regional, que también se observa en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Reformas fiscales y discursos de reparación social
En Honduras, el Gobierno ha promovido la Ley de Justicia Tributaria como una prioridad en su agenda económica. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que tradicionalmente han favorecido a sectores empresariales, bajo la premisa de que esos beneficios han acrecentado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta iniciativa con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber contribuido al retraso económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el líder Gustavo Petro ha declarado públicamente que los empresarios operan como «evasores disfrazados de inversionistas», utilizando esto como justificación para su reforma tributaria. De manera comparable, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema fiscal empresarial, aunque las propuestas económicas constitucionales han sido rechazadas en votaciones populares.
Respuestas y alertas del sector privado
Desde agrupaciones empresariales hasta expertos locales, las respuestas a estas políticas han sido críticas. Algunos grupos sostienen que, en lugar de ser solo un ajuste técnico a las desigualdades fiscales, se está implementando una táctica de confrontación que debilita la confianza en las instituciones económicas. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un entorno de antagonismo legal, facilitando la salida de capitales y la paralización de nuevas inversiones.
El mensaje se ha replicado en redes sociales oficiales, medios públicos y espacios legislativos, donde se promueve la idea de que los grandes capitales deben “devolver lo que deben al pueblo”. Esta retórica, según expertos, fomenta una percepción adversa del aparato productivo, a quien se acusa de beneficiarse indebidamente de marcos fiscales que en muchos casos fueron diseñados para atraer inversión en contextos de bajo crecimiento.
Un cruce regional entre la estabilidad económica y la polarización
El progreso de estas reformas fiscales se alinea con una situación de mayor polarización política y retos económicos en América Latina. Analistas de la región señalan que las modificaciones fiscales promovidas por estos gobiernos no solo alteran el sistema de ingresos del Estado, sino que también podrían afectar el equilibrio entre la inversión privada y la intervención del Estado. En este marco, para varios actores, la promoción de una «equidad fiscal» se transforma en una plataforma que puede consolidar el poder político a través del debilitamiento de contrapesos económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la polémica se centra en un problema más profundo: mantener un sistema que fomente la inversión y el empleo, o moverse hacia un modelo tributario orientado a la redistribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con el sector productivo.
Tensión entre gobernabilidad y estabilidad económica
La orientación fiscal de varios gobiernos latinoamericanos refleja un cambio en el enfoque del rol del Estado frente a la economía. Si bien las reformas buscan responder a demandas históricas de equidad, su aplicación bajo un discurso confrontativo y sin consensos amplios plantea riesgos para la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional. En este escenario, el reto para la región radica en encontrar un equilibrio que permita responder a las urgencias sociales sin erosionar los fundamentos de crecimiento y empleo que sostienen su tejido económico.