Reformas al Código Penal en Honduras: riesgos para la democracia

La reciente sanción de cambios al Código Penal de Honduras ha despertado preocupaciones en diversos círculos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo en el marco legal que regula la protesta social, especialmente en un escenario donde se acercan las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El diálogo se ha intensificado frente a la idea de que estas reformas podrían ser empleadas para restringir el derecho a protestar y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.

El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.

Cambios en el derecho penal y su efecto en las manifestaciones sociales

Los cambios al Código Penal han recibido censura de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento en la severidad de las penas para aquellos que formen parte de manifestaciones colectivas ha sido visto como una posible estrategia para desincentivar la movilización de la población. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas acciones podrían utilizarse para restringir la participación social y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud crece ante la eventualidad de que estas normas se pongan en práctica en situaciones de tensión política o electoral, donde las manifestaciones suelen aumentar.

La experiencia de las elecciones de 2017, en las que se reportaron detenciones arbitrarias y represión de manifestantes, refuerza el temor de que situaciones similares puedan repetirse bajo el nuevo marco legal. En este contexto, la sociedad civil y actores políticos han advertido sobre el riesgo de que la criminalización de la protesta se convierta en una herramienta para controlar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos clave.

Respuestas globales y demandas de reconsideración

La preocupación por el impacto de estas reformas ha traspasado las fronteras nacionales. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han expresado inquietud por las nuevas disposiciones del Código Penal hondureño. Ambas entidades han instado al Estado a revisar las reformas para asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de la población.

En este escenario, se destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la legislación penal sea utilizada como instrumento para reprimir la disidencia y las manifestaciones pacíficas. El debate sobre el alcance y la aplicación de estas reformas continúa abierto, mientras diversos sectores insisten en la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.