_-_copia.jpg "Caso Koriun en Honduras")
El problema causado por la gigantesca estafa piramidal de la empresa Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde los ciudadanos piden al gobierno de Honduras medidas efectivas. Personas afectadas de diversas áreas del país señalan la falta de acción de las instituciones ante una situación que ha provocado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La reacción del gobierno, que hasta ahora ha sido limitada, ha incrementado las críticas públicas y reavivado dudas sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para evitar y castigar fraudes de esta magnitud.
Reclamaciones públicas y de organismos en entredicho
Las protestas de los últimos tiempos se caracterizaron por lemas enfocados hacia el gobierno de la mandataria Xiomara Castro y a organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los protestantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso y, hasta ahora, no se ha establecido un programa de compensación ni se han señalado culpables de forma clara.
Una de las críticas más importantes se centra en la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales sobre las operaciones irregulares de Koriun, sin haber tomado medidas preventivas o correctivas. Estas circunstancias han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha aumentado la desconfianza en la supervisión gubernamental del sistema financiero no bancario.
Oposición al uso de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han declinado sugerencias no oficiales que proponen usar recursos del estado para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La noción de emplear dinero público ha sido definida por los manifestantes como una acción inapropiada que traspasaría la carga del fraude a toda la población, en vez de responsabilizar a los autores materiales y colaboradores del esquema piramidal.
Durante las manifestaciones, muchas pancartas mostraron la oposición al método utilizado por los gobernantes. Frases como “El Gobierno tiene responsabilidad también” y “Koriun engañó, el Estado lo ocultó” indican una narrativa donde tanto los autores del fraude como las entidades de supervisión y justicia tienen parte de la culpa por la falta de acciones rápidas.
Simultáneamente, la falta de progresos significativos en el Ministerio Público ha suscitado críticas de varios grupos de la ciudadanía, quienes consideran que no hay un verdadero compromiso político para resolver el asunto de manera judicial adecuada. La inacción de la Fiscalía en un caso que tiene una gran repercusión social e institucional ha creado un nuevo punto de conflicto entre la sociedad civil y el sistema de justicia.
Proyecciones de movilización y presión internacional
Frente a la ausencia de progresos, grupos civiles han declarado la planificación de más días de manifestación y han considerado la opción de llevar el conflicto a un nivel internacional. Algunos grupos ven el uso de medidas legales fuera del país como una forma de instar al Estado hondureño a que cumpla con sus obligaciones de justicia y compensación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la extensión del fraude, sino también las debilidades en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de reacción frente a delitos económicos a gran escala. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones.
Una visión dominada por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la tardanza institucional. La incertidumbre respecto a la gestión de los recursos, la culpabilidad de los involucrados y el papel de las entidades reguladoras ha puesto al Gobierno bajo un escrutinio intenso. El desafío para las autoridades y el sistema judicial no es solo solucionar el caso, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de las personas en un país donde los mecanismos de control permanecen débiles.