Honduras mantiene estado de excepción ante desafíos de seguridad y derechos

El estado de excepción en Honduras, implementado desde diciembre de 2022, continúa generando controversia debido a su prolongación y a las preocupaciones sobre posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue decretada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, especialmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La aplicación del estado de excepción ha implicado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo detenciones sin orden judicial y restricciones a la libertad de circulación en diversas zonas del país.

Desde su instauración, el estado de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. En enero de 2025, la medida se extendió por 45 días más, abarcando 226 de los 298 municipios del territorio nacional. Aunque las autoridades argumentan que esta herramienta es esencial para enfrentar la criminalidad, diversos sectores han expresado su preocupación por posibles abusos y la falta de resultados concretos.

Análisis sobre la eficacia y los derechos humanos durante el estado de emergencia

Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han advertido que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno de Honduras a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones indebidas a las libertades básicas. El gobierno ha informado sobre una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la vigencia del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia aún afectan a los ciudadanos. También se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

La prolongación de esta medida ha generado un debate sobre su efectividad y las implicaciones para los derechos humanos. Mientras el Ejecutivo sostiene que el estado de excepción es una herramienta necesaria para combatir la criminalidad, organizaciones nacionales e internacionales instan a revisar su aplicación y a garantizar que las medidas de seguridad no comprometan las libertades fundamentales de la ciudadanía.

De este modo, el estado de emergencia en Honduras constituye una acción polémica destinada a combatir la violencia delictiva, aunque ha suscitado una discusión sobre su eficacia, legalidad y respeto a los derechos humanos. La extensión de esta medida excepcional plantea retos para asegurar las libertades esenciales y fortalecer un sistema democrático que salvaguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.