_-_copia.jpg "Tensión política en Honduras")
El grupo político Libertad y Refundación (LIBRE), gobernante desde 2022, se enfrenta a recientes críticas por promover cambios significativos en la estructura sin llevar a cabo procesos extensivos de consulta ni mantener la transparencia en el ámbito legislativo. Las observaciones surgen en un entorno de creciente tensión política e institucional, donde diversos grupos cuestionan la dirección tomada por el partido en el poder para impulsar su programa.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Varias voces del sector político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud debido a lo que perciben como una táctica de imposición legislativa del partido gobernante. Con la guía de la presidenta Xiomara Castro y protagonistas como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el correcto procedimiento en el parlamento.
Un tema polémico se centra en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley con grandes repercusiones fiscales. De acuerdo con las críticas, la legislación ha progresado sin asesoramiento técnico público ni una consulta amplia con las partes interesadas. También se señala el riesgo de que la ley se apruebe en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de los registros legislativos pertinentes.
La opacidad en estos procedimientos ha sido considerada por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un experto en derecho constitucional consultado indicó que la aplicación de métodos “dudosos, hasta ilegales” para implementar cambios estructurales sin apoyo político o técnico supone un peligro directo para el Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos políticos en oposición
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su preocupación ante estas prácticas, advirtiendo que podrían erosionar la confianza en el clima de inversión, tanto nacional como internacional. En un momento en que Honduras enfrenta desafíos económicos como el desempleo y el estancamiento del crecimiento, el empresariado considera que este tipo de decisiones legislativas podría agravar la incertidumbre económica.
Desde el sector parlamentario opositor también se han reportado anomalías. Diputados en desacuerdo afirman que se han publicado normas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los protocolos establecidos, como la aprobación oficial de las actas legislativas. De acuerdo con sus declaraciones, esto infringe el principio de legalidad que gobierna las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
El aumento de las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto con la separación de sectores importantes como el empresarial y las organizaciones civiles, muestra un incremento de la división en la gestión del poder legislativo, donde las interacciones políticas han sido sustituidas por enfrentamientos.
Encrucijada institucional y rol de la ciudadanía
El escenario actual plantea interrogantes sobre la fortaleza del sistema democrático hondureño. La forma en que se gestionan las reformas legislativas revela tensiones persistentes entre la búsqueda de transformación estructural promovida por el oficialismo y la demanda de legalidad, transparencia y participación expresada por otros actores políticos y sociales.
La presión de la ciudadanía organizada, así como el escrutinio constante de los medios y observadores institucionales, se perfilan como factores clave en la contención de prácticas legislativas que puedan vulnerar el marco democrático. La ausencia de consensos en reformas de alto impacto no solo alimenta la desconfianza institucional, sino que también pone en riesgo la gobernabilidad en un país marcado por la fragilidad institucional y la histórica falta de cohesión entre los poderes del Estado.
En este escenario, Honduras afronta el desafío de fortalecer sistemas de discusión y supervisión legislativa que aseguren la legitimidad de sus procedimientos y la participación de los grupos sociales impactados por las políticas gubernamentales, especialmente cuando se refiere a cambios que afectan al modelo fiscal y económico del país.