Honduras 2025: controversia por participación militar en elecciones

La credibilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como garantes del proceso electoral ha sido objeto de un intenso debate público tras las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo de 2025. Diversos sectores sociales y partidos de oposición han manifestado su preocupación por una serie de irregularidades logísticas, particularmente en la distribución del material electoral en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reportaron demoras de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación generó largas filas de votantes, protestas ciudadanas y un ambiente generalizado de frustración, evidenciado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la escasa presencia de personal en las mesas receptoras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.

Dudas sobre la función de los militares en las elecciones

En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con el sistema democrático y la claridad de las elecciones, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por su lado, ofreció un apoyo completo a la institución militar, destacando su importancia en la seguridad y logística electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, mencionó que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la preocupación sobre la neutralidad y efectividad del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.

El marco legal hondureño, específicamente el artículo 272 de la Constitución, otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de velar por la alternabilidad en el poder y la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. Sin embargo, existen prohibiciones claras para los miembros de las Fuerzas Armadas, como interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, inducir el voto, participar en actividades partidistas, o demorar sin justificación el traslado del material electoral. A pesar de estas restricciones, el diseño institucional vigente mantiene a los militares como actores tutelares de la democracia, una situación poco común a nivel internacional y que, según algunos análisis, refleja la fragilidad y baja calidad democrática del país.

Propuestas de reforma y debate sobre la participación militar

A raíz de los últimos eventos, se han incrementado las propuestas para reformar la constitución y así limitar o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. Juan Carlos Barrientos, un abogado especializado en derecho constitucional, ha sugerido la necesidad de pasar las funciones electorales a manos civiles, sosteniendo que estos procesos deberían ser gestionados de manera exclusiva por dichas entidades. Igualmente, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, con el objetivo de reducir la participación militar en asuntos electorales y fortalecer las instituciones civiles. No obstante, esta propuesta ha suscitado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre grupos opositores, quienes la ven como un posible intento de acumulación de poder por parte del gobierno.

La discusión sobre el papel de los militares durante los procesos electorales se ha intensificado debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar amenazada, además del historial de intervenciones por parte de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensa de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, estableciendo claramente sus deberes y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Las propuestas también contemplan el reforzamiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el fin de avanzar hacia un control democrático real y minimizar la influencia militar en la política.

El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un tema crucial en la agenda política, con llamados a implementar reformas que garanticen la independencia y la transparencia en el proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema de votación se valora como esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual refleja la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.