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La indignación de los más de 35.000 hondureños afectados por la estafa piramidal de Koriun Inversiones continúa creciendo, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) enfrenta críticas por su inacción ante el fraude. Los afectados denuncian el abandono por parte del organismo encargado de la supervisión financiera y acusan una falta de respuesta tanto en el ámbito judicial como administrativo.
La omisión de la CNBS ante el fraude
Desde que se reportaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, sin embargo, no implementó acciones efectivas para evitar la magnitud del fraude. Aunque recibieron avisos formales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control durante meses. Actualmente, los responsables de la estafa siguen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
Nos aseguraron que investigarían, que tomarían medidas, sin embargo, la CNBS ha sido partícipe por inacción. Actualmente, nos encontramos sin respuestas, sin fondos, y sin justicia», afirmó uno de los perjudicados ante la prensa. Este sentir de desamparo es compartido por numerosos individuos, quienes se perciben defraudados tanto por los responsables inmediatos de Koriun como por las autoridades que, según indican, debieron haber actuado previamente.
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Diversos sectores del país han señalado que la CNBS no solo falló en detectar el fraude a tiempo, sino que también ha sido omisa al no proporcionar la información pertinente sobre el manejo de la situación. Según un abogado defensor de los afectados, esta falta de acción del organismo supervisor no hace más que agravar la situación: «Es insostenible que un organismo supervisor no haya detectado una estafa de esta magnitud a tiempo. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en dar la cara».
Solicitudes de acción internacional
En respuesta a la falta de acción institucional y el aumento de la insatisfacción entre las personas perjudicadas, diferentes grupos de víctimas han optado por llevar sus demandas fuera de los límites del país. Asociaciones civiles y los directamente afectados están pidiendo oficialmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que dichas organizaciones supervisen la gestión de la crisis y, en especial, la reacción de las instituciones hondureñas con respecto al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado tiene la responsabilidad de resguardar a la población, no de proteger a los defraudadores. Esto constituye un doble delito: el que llevó a cabo Koriun y el que perpetúa la CNBS al permanecer inactiva». Esta percepción ilustra la desconfianza hacia la habilidad de las autoridades del país para combatir el fraude y asegurar que se actúe con justicia.
La presión institucional y el reto de la administración
La situación expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de supervisión financiera en Honduras y las tensiones dentro de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la justicia. La falta de respuesta contundente por parte de la CNBS refleja una brecha en la capacidad del Estado para manejar crisis de esta índole, lo que podría tener implicaciones más amplias en términos de confianza en las instituciones financieras y en la gobernabilidad del país.
Las personas afectadas, por su parte, continúan aguardando una solución que les facilite restablecer lo perdido y asegure que los culpables del engaño sean enjuiciados. La carencia de una intervención efectiva y la falta de transparencia que envuelven el caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo recobrar la confianza de la población ante la creciente duda sobre la gestión de situaciones de esta naturaleza.