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A poco más de un año para las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, diversos grupos políticos y sociales han mostrado inquietud sobre lo que describen como indicios tempranos de una táctica destinada a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las preocupaciones son manifestadas por expertos, organizaciones de la sociedad civil e interlocutores internacionales, quienes advierten sobre una serie de medidas del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían afectar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.
Denuncias sobre declaraciones y acciones que influirían en el procedimiento electoral
Dentro de los temas más destacados está el empleo constante de discursos oficiales que sugieren un potencial fraude sin ofrecer evidencias tangibles. Estas afirmaciones apuntan a grupos económicos, medios de comunicación y actores internacionales como presuntos complotadores contra el gobierno, lo cual para ciertos analistas constituye un esfuerzo por crear la percepción de manipulación electoral en el supuesto de perder en las elecciones.
De acuerdo con los analistas, la historia parece tener un doble propósito: anticipadamente cuestionar cualquier resultado negativo y simultáneamente promover una atmósfera de desconfianza general hacia las entidades responsables del proceso electoral.
Tensión institucional y cuestionamientos al árbitro electoral
Un tema delicado ha sido la posición que LIBRE ha adoptado respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido en el gobierno tuvo un rol importante en la creación de esta entidad, ahora emite comentarios que ponen en duda su imparcialidad y confianza. Según opiniones críticas, esta táctica busca debilitar la autoridad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Paralelamente, se ha señalado un incremento de procesos judiciales contra figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas acciones son interpretadas por sectores opositores como mecanismos de presión que podrían limitar el debate público y la movilización ciudadana en un contexto preelectoral.
A esto se suma el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde 2022 como parte de la política de seguridad del Gobierno. Si bien su aplicación ha sido justificada por motivos de combate al crimen organizado, su efecto colateral ha sido la restricción de derechos como la libre reunión y circulación, lo que impacta directamente en el desarrollo de actividades partidarias y en la expresión política de la ciudadanía.
Inquietud por el compromiso y la estabilidad de la democracia
La combinación de narrativas de fraude, judicialización de adversarios y restricciones institucionales ha generado preocupación entre diversos sectores sobre una posible desmovilización del electorado opositor. Según analistas, este entorno podría derivar en abstención, apatía o incluso en escenarios de confrontación poselectoral si el resultado es impugnado o desconocido por alguna de las partes.
Estas dificultades surgen en un periodo donde diversas encuestas muestran una disminución en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una imagen negativa para la candidata del oficialismo Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un posible fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un posible escenario electoral desfavorable.
Solicitudes para asegurar claridad y respeto al procedimiento
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos solicitando al Estado hondureño compromisos firmes con la transparencia electoral. Entre ellos, destacan el respeto al calendario comicial sin modificaciones, la no interferencia política en los órganos electorales y judiciales, y la aceptación pública de los resultados, sea cual sea el desenlace.
Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y grupos de monitoreo cívico han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras piden que se permita una observación internacional amplia, anticipada y neutral. Estos actores esperan que Honduras asegure un procedimiento donde se respete el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni influencias institucionales.
Un panorama marcado por la incertidumbre y la exigencia democrática
El panorama electoral en Honduras para el año 2025 se vislumbra como un momento crítico para la estabilidad de las instituciones del país. Las advertencias expresadas por diferentes sectores manifiestan una preocupación general por la potencial influencia de intereses políticos sobre el proceso.
Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis postelectorales históricas en el país, el principal reto es garantizar un proceso claro, con seguridad para todos los participantes, que resulte en un desenlace que la población acepte. La legitimidad del futuro gobierno se basará no solo en el sufragio, sino también en la adhesión total a las normas del juego democrático.