Elecciones en Honduras: ¿riesgo democrático por fallas militares y desarme selectivo?

El proceso electoral hondureño de 2025 se ha visto marcado por una serie de acontecimientos que han incrementado la incertidumbre y el debate sobre la institucionalidad democrática en el país. Un informe de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilizó a las Fuerzas Armadas por fallos logísticos graves durante las elecciones primarias, mientras que decisiones recientes sobre el desarme selectivo de oficiales han generado sospechas sobre la neutralidad del aparato militar.

Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.

Revisión del CNE y discusión sobre el rol militar en elecciones

El reporte sobre la auditoría interna del CNE, que se filtró a los medios de comunicación locales, indicó que la distribución retrasada, deficiente y sin coordinación del material electoral en muchos centros de votación se debió a fallos en la aplicación del protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, responsables de proteger y repartir las urnas electorales.

Dentro de los descubrimientos más importantes se detectaron desviaciones de caminos sin razón aparente, retención prolongada de vehículos utilizados en el transporte electoral, distribución parcial de equipos tecnológicos en áreas rurales y ausencia de coordinación entre líderes militares y responsables del proceso electoral. Estos incidentes causaron demoras de hasta 12 horas en la apertura de mesas de votación, impactando la participación del público y generando inquietudes sobre la claridad del proceso, particularmente en relación con el Partido LIBRE, el cual ya había sido objeto de denuncias por anomalías.

El informe fue dado a conocer en un entorno de intensa tensión política, con un temor creciente de que el ejército no se mantenga imparcial en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los líderes militares no han hecho una declaración oficial y el partido LIBRE en el poder ha permanecido callado, lo que algunos grupos interpretan como un indicio de colaboración.

Frente a este escenario, agrupaciones opositoras como Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han demandado una revisión completa del acuerdo de asistencia logística entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada temprana de observadores internacionales y revisiones externas al sistema de conteo de votos.

Reducción selectiva de armamento entre oficiales y conflictos internos en las Fuerzas Militares

En el contexto de la división política actual, la medida adoptada por el Estado Mayor Conjunto de retirar armas selectivamente a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha despertado inquietud en sectores militares, políticos y civiles. De acuerdo con informantes castrenses y reportes de la prensa nacional, esta acción no se está llevando a cabo de forma generalizada ni por motivos técnicos o de salvaguarda, sino que se centra únicamente en aquellos oficiales que han expresado opiniones institucionales autónomas o críticas del gobierno.

Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.

La eliminación selectiva de armas se añade a un conjunto de medidas recientes, como ajustes en la jerarquía militar y movimientos compulsivos, que han aumentado la fricción y el malestar dentro de la organización, especialmente entre los oficiales de rango medio y superior. Algunos oficiales a los que se les han quitado las armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo que es visto como un modo de apartarlos del componente operativo y del proceso electoral.

La preocupación central entre líderes opositores y grupos democráticos es que, frente a una posible pérdida del oficialismo en las elecciones, el Gobierno podría recurrir a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o controlar manifestaciones populares.

Estos eventos han intensificado la discusión nacional acerca de la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, especialmente en un escenario donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que redefina el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema clave dentro de la agenda pública, mirando hacia las futuras elecciones generales.