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Las declaraciones recientes de Héctor Manuel Zelaya, quien es el secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el escenario político de Honduras, reavivando el debate sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un contexto caracterizado por la división legislativa y la falta de confianza entre los partidos políticos, sus comentarios han sido vistos como un indicio de posibles intentos del gobierno de avanzar con la reforma fiscal sin contar con el necesario apoyo del parlamento ni un proceso de discusión transparente.
Debate por comentarios del representante
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que la Ley de Justicia Tributaria podría ser ratificada «sin que se den cuenta» en el Congreso Nacional. A pesar de no haber explicado métodos específicos, diversos grupos interpretaron el comentario como una sugerencia de que el partido oficial, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría emplear métodos poco convencionales para aprobar la legislación.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal, expresó fuertes críticas hacia las afirmaciones. Según su opinión, sugerir la sanción de una normativa sin contar con el número requerido de votos y fuera del proceso legislativo adecuado «representa un ataque a la institucionalidad». Según ella, estas propuestas demuestran una falta de apoyo tanto técnico como social para una reforma con significativo impacto económico.
Respuestas del ámbito privado y expertos en derecho constitucional
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respondió también a la acusación de Zelaya, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas de aprobar una reforma fiscal sin un diálogo extenso y abierto. De acuerdo con esta entidad, una situación de este tipo podría aumentar la inseguridad para la inversión privada y perjudicar la estabilidad económica del país.
En paralelo, especialistas en derecho constitucional subrayaron que cualquier intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin apegarse a los procedimientos parlamentarios podría dar lugar a impugnaciones por inconstitucionalidad. En particular, recordaron que el principio de deliberación legislativa exige transparencia, discusión plural y cumplimiento de los mecanismos institucionales establecidos.
Escalada en la tensión política y vigilancia opositora
A consecuencia de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas de oposición han manifestado que se mantendrán en “vigilancia continua” frente a eventuales intentos de aprobar la ley durante sesiones parlamentarias extraordinarias o sin actas correctamente validadas. Esta advertencia se produce en un escenario en el que la presidencia del Congreso, bajo el liderazgo de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas consideradas irregulares en la sanción de leyes.
El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.
Un panorama de tensión institucional sostenida
El Proyecto de Justicia Fiscal sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la agenda del gobierno presente, encontrando objeciones tanto por su perspectiva como por la manera en que se ha intentado llevar a discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo coloca de nuevo el enfoque en esta propuesta de ley, sino que también destaca las fricciones relacionadas con la gobernabilidad, la validez de los procedimientos legislativos y la urgencia de establecer mecanismos de diálogo eficaces.
En un ámbito político donde prevalecen la división y la falta de confianza, cualquier propuesta que busque cambiar significativamente el sistema fiscal necesita, además de apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas perspectivas y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales de la nación.