_-_copia.jpg "Caso Koriun sacude al Congreso Nacional")
La gestión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante el escándalo financiero de Koriun Inversiones ha renovado las fricciones acerca de la utilización de fondos públicos, la independencia de las indagaciones y el papel político del Legislativo en Honduras. Las afirmaciones del diputado, en las cuales afirmó que el Estado resarcirá a las víctimas del fraude piramidal, suscitan preguntas sobre las prioridades institucionales en un contexto caracterizado por la polarización y la desconfianza del público.
Comunicados desde el Congreso: entre compensación y cuestionamientos de objetividad
Luis Redondo comunicó al público que la presidenta Xiomara Castro supuestamente ordenó emplear fondos estatales para compensar a los perjudicados por el esquema de Koriun Inversiones. De acuerdo con el legislador, esto representa una manifestación del compromiso del gobierno con las víctimas de un fraude que movilizó más de 86 millones de lempiras y afectó a aproximadamente 35.000 personas.
En el mismo acto, Redondo anunció que el Congreso impulsará reformas penales para prevenir fraudes financieros similares. No obstante, su afirmación de que el Parlamento tomará «el curso del proceso de investigación» mientras asegura simultáneamente el resarcimiento económico inmediato ha sido objeto de críticas. Diversos sectores interpretan esta decisión como una señal de que se estaría privilegiando una salida política por encima de una pesquisa institucional exhaustiva.
Respuestas y exigencias por más claridad
Tanto los representantes de la oposición como las entidades de la sociedad civil han expresado inquietud por la posibilidad de que el Congreso, en lugar de ayudar a esclarecer el caso, esté fomentando la falta de transparencia. Dentro de sus demandas se encuentra la emisión de un informe detallado sobre la organización y las operaciones financieras de Koriun Inversiones, además de identificar a los responsables del sistema.
Además, han pedido que se explique de manera clara la procedencia legal de los recursos que se emplearán en las compensaciones, señalando un posible uso arbitrario de los recursos estatales sin respaldo constitucional. Otro aspecto a considerar es la solicitud de examinar si hay alguna conexión, ya sea directa o indirecta, entre Redondo y personas involucradas en el fraude, dado su vínculo político cercano con miembros del partido gobernante LIBRE desde que asumió la presidencia del Congreso en 2022.
Conflictos políticos e institucionales relacionados con la reacción oficial
El suceso ha destacado un dilema institucional: cómo reaccionar frente a un fraude significativo sin poner en riesgo la transparencia ni politizar la utilización de recursos públicos. La celeridad con la que se propuso la solución compensatoria contrasta con la falta de una investigación judicial evidente, lo que ha suscitado sospechas sobre posibles métodos de encubrimiento político.
Asimismo, el ambiente electoral en que se sitúa esta iniciativa ha sido indicado como un factor que podría afectar las decisiones del Congreso. Aunque no existen evidencias definitivas de un interés partidista, ciertos sectores críticos han entendido el discurso oficial como una manera de obtener apoyo público por medio de acciones rápidas que eviten un mayor deterioro institucional.
Un momento que desafía a la institucionalidad
La intervención del Congreso Nacional en el asunto Koriun suscita cuestiones esenciales sobre el balance entre la compensación social y la responsabilidad institucional. Aunque la atención a los afectados es una parte legítima de la respuesta estatal, la falta de transparencia en los procesos judiciales y administrativos mina la confianza en las instituciones encargadas de supervisar y castigar.
La controversia deja en evidencia los desafíos que enfrenta el Poder Legislativo hondureño para mantener una postura imparcial y transparente frente a escándalos que combinan factores financieros, políticos y sociales. En un entorno marcado por la polarización, el caso se convierte en un termómetro de la capacidad del sistema político para actuar con autonomía frente a intereses particulares y garantizar el debido proceso ante la ciudadanía.